Los Sistemas de Protección de los municipios Freites, Anaco, Simón Rodríguez, Guanipa, Miranda, Monagas e Independencia se reunieron ayer (29 de Mayo) en El Tigre, durante el I encuentro de estas organizaciones, donde varios especialistas coincidieron en que hay desconocimiento de los derechos y deberes del menor
En relación a este punto, durante su ponencia la jueza Ana Jacinta Duran, coordinadora Superior del Circuito Judicial en materia de Protección del Niño, Niña y Adolescente en Anzoátegui, comenzó por pedir a los representantes de los sistemas de la zona centro sur, que apoyen a la comunidad, asegurando que muchas veces se desconoce el contenido de la Ley Orgánica en la materia (Lopnna).
La ponente consideró que “hay desorientación” y que los funcionarios deben ir a las comunidades, ya que a su juicio “no se puede ser servidor público en una oficina cumpliendo un horario”.
Durante su intervención la abogada aseguró que es importante actuar en relación a la protección de quienes no han alcanzado la mayoría de edad, ya que “un niño maltratado es un padre maltratador”.
Sin embargo, para la jueza, todo esto se puede revertir ya que las herramientas están presentes, calificando al sistema rector como “un engranaje como el del reloj”, donde se conjuga lo judicial, lo administrativo y lo social.
Por su parte, Ramón Ponce, especialista en el área penal, aunque dijo que quien no ha cumplido la mayoría de edad tiene derechos muy específicos, también es cierto que debe cumplir sus deberes y sus acciones pueden generar sanciones.
Destacó que al participar en un hecho punible, el niño, niña o adolescente no debe pagar pena ni condena, sino sanciones, detallando que en el caso de menores hasta 12 años se le puede imponer una sanción de hasta dos años de tipo educativa; mientras que los adolescentes hasta los 17 años de edad pueden recibir un castigo que se podría elevar hasta los cinco años.
Manifestó de la misma forma que muchas veces el desconocimiento de la ley hace que los padres y representantes no le respeten sus derechos, poniendo como ejemplo aquellos adultos que dejan a los hijos encerrados en casa mientras van a una fiesta.
Ponce explicó que las instituciones policiales deben estar adecuadas para la permanencia de niños, niñas y adolescentes en calidad de detenidos si son aprehendidos en flagrancia.
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